STS 5 de junio de 2013. Impugnación de un acuerdo de modificación estatutaria por la que se adapta al régimen de la Ley de Sociedades Profesionales y se realiza un aumento de capital social de cauce a la promoción profesional

Modificación de estatutos

Sentencia del Tribunal Supremo de 5 de junio de 2013.

Impugnación de un acuerdo de modificación estatutaria por la que la sociedad se adapta al régimen de la Ley de Sociedades Profesionales y se realiza un aumento de capital social de cauce a la promoción profesional.

Miguel Gimeno Ribes.

Universidad de Valencia.

HECHOS:

La sociedad Uribe Sánchez, S.L., constituida en 1993, se dedicaba a diversas actividades relacionadas con la asesoría empresarial, tanto económica, como jurídica, así como a la compraventa, tenencia y explotación de bienes muebles e inmuebles, tal y como se desprendía del objeto social consignado en el art 3 de sus Estatutos, que se encontraban adaptados a las exigencias de la LSRL. Las participaciones de la misma eran titularidad de dos bloques familiares enfrentados entre sí desde 2002, ostentando los integrantes del minoritario, los demandantes, D. Rogelio y Dª. Felisa, el 40%, y los del mayoritario (D. Santos, Dª. Salvadora, Dª. Amanda y D. Juan Francisco), el 60%. Con ocasión de la publicación de la Ley 2/2007, de Sociedades Profesionales, el administrador único, D. Santos, convocó Junta general para adaptar los Estatutos a las exigencias del mencionado cuerpo legal, tal y como requería su Disposición Transitoria 1ª. Celebrada la Junta el día 18 de junio de 2007 y realizadas las modificaciones oportunas en los arts. 1, 2 y 3 de los Estatutos, referidos a la denominación, régimen jurídico y objeto social de la sociedad, su inscripción en el Registro Mercantil fue denegada debido a una defectuosa descripción del objeto social, calificación que fue confirmada por la Dirección General de los Registros y del Notariado.

Dadas las circunstancias, el administrador único convocó Junta general de nuevo, que se celebró el día 4 de septiembre de 2007, donde se simplificó la redacción de la descripción del objeto social y, al tiempo, se realizó un aumento de capital social, que se tradujo en la existencia de nuevas 71400 participaciones, que fueron suscritas y desembolsadas en su integridad por socios que fueran también profesionales, a saber, D. Santos (43710) y Dª. Salvadora (28290). Ambos acuerdos fueron adoptados con el voto favorable del bloque mayoritario. Como para la exclusión del derecho de suscripción preferente de algunos socios se exigía el acuerdo favorable de dos tercios del capital social, según indicaba el art. 19 de los Estatutos en relación con el art. 76 LSRL (art. 308 LSC), los titulares de las participaciones del bloque mayoritario interpusieron demanda en la que impugnaban los acuerdos sociales en cuestión.

El Juzgado de lo Mercantil indicó que como no estaba inscrito el acuerdo de transformación de la sociedad, no había cambiado el régimen de suscripción preferente de los arts 75 y 76 LSRL (arts. 305 y 308 LSC) al del art. 17.1 b) LSP, que invierte la regla, no configurando derecho de suscripción preferente a los socios cuando el capital social se realice para con el objetivo de la promoción profesional, a no ser que otra cosa se diga en el contrato social. Interpuesto recurso de apelación, la Audiencia Provincial resolvió revocando la sentencia de instancia, puesto que entendía que la inscripción del acuerdo de transformación en el Registro Mercantil tan sólo tenía efectos frente a terceros, mientras que entre las partes, éstos se verificaban desde la propia adopción del mismo. Siendo esto así, aplicando el art. 17.2 LME, referido a la transformación, se entendía que el acuerdo de modificación estatutaria debía regirse por las reglas del nuevo tipo social, lo que hacía recaer la cuestión, irremediablemente, en lo dispuesto en el citado precepto de la LSP.

En el recurso de casación que interpusieron los socios minoritarios y demandantes originarios, se argumentaba que, independientemente de la fundamentación jurídica vertida en la sentencia que resolvía el recurso de apelación, que hacía aplicable el art. 17.1 b) LSP, existía una disposición contraria en los Estatutos, como era el ya referido art. 19 de los mismos, en el que se establecía una mayoría reforzada para la exclusión del derecho de suscripción preferente de los socios. Además, se indicaba que se había vulnerado el derecho de información de los socios, tal y como se preveía en los arts. 51, 71 y 75 LSRL, así como 112 LSA (arts. 196, 305, 287 y 197 LSC).

El Tribunal Supremo, en primer lugar, deja claro que la operación no era una transformación, como habían sugerido las partes y habían confirmado las instancias anteriores, ya que no se modificaba el tipo social, que seguía siendo el de Sociedad de Responsabilidad Limitada, sino que la compañía se adaptaba al régimen de la LSP, cuyo art. 1.3 advierte de su carácter imperativo. Su aplicación era, pese a todo, obligatoria, desde el momento en el que se había adoptado el acuerdo de modificación estatutaria, puesto que se adaptaba al régimen legal aludido, tal y como exigía la Disposición Transitoria 1ª del cuerpo normativo en cuestión y, consecuentemente, debía primar el art. 17.1 b) en lo que al derecho de suscripción preferente se refería. No debía considerarse, a juicio del Alto Tribunal, que el art. 19 de los Estatutos constituyese una previsión contraria contenida en el contrato social, ya que ésta tenía función de regular la supuesta exclusión del derecho de suscripción preferente en el régimen de la Sociedad de Responsabilidad Limitada, en el que éste era un derecho contenido en norma dispositiva. Dicho régimen pasaba a ser supletorio desde la adaptación de la sociedad al régimen de la LSP, que invertía el supuesto, pasando a ser la regla general la inexistencia de un derecho de suscripción preferente, por lo que la previsión estatutaria dejaba de tener la función que originariamente se le había otorgado.

Sí que estimó el Tribunal Supremo, en cambio, el motivo relativo referido al derecho de información, ya que según ha entendido la jurisprudencia, el art. 51 y, especialmente, el art. 71 LSRL han de ser entendidos en el sentido de que la claridad de la información que ha de suministrarse a los socios con carácter previo a la Junta general en la que se ha de adoptar, en su caso, un acuerdo de modificación estatutaria, debe referir, incluso, aquellas consecuencias derivadas de la propia modificación, como son, en el caso de adaptar la denominación, el régimen jurídico y el objeto social a las exigencias de la LSP, el hecho de que, al tratarse de una sociedad de capital, de conformidad con el art. 17.1 b) LSP, los socios no gozarán del derecho de suscripción preferente en los supuestos de aumento de capital que sirvan de cauce para la promoción profesional.

COMENTARIO:

El asunto litigioso considerado versa una vez más de los problemas generados con ocasión de la entrada en vigor de la LSP y, particularmente, de la exigencia de adaptación de las sociedades que debían reputarse profesionales a su régimen de conformidad con la consabida Disposición Transitoria 1ª. En este caso, se suma a la problemática un supuesto de grave conflictividad entre socios, que había dado lugar en los años previos a los referidos en el presente supuesto de hecho, a numerosos asuntos resueltos en sede judicial en relación con diversos acuerdos adoptados por la Junta general. Resulta muy positiva la aclaración realizada por el Tribunal Supremo, con la que coincidimos plenamente, según la cual, la adaptación de una sociedad a un régimen especial no constituye una transformación y, por tanto, una modificación estructural, puesto que se sigue manteniendo el tipo social anterior, como es, en este caso, el de la Sociedad de Responsabilidad Limitada, y ello sin perjuicio de que, en algunos aspectos, su normativa sea supletoria de la relativa al régimen especial.

Igualmente destacable es la consideración de la funcionalidad de los Estatutos en lo que al régimen de determinados derechos, como el de suscripción preferente, se refiere. Resulta quizá cuestionable que una cláusula estatutaria quede sin efecto al modificarse el régimen jurídico aplicable a algunos aspectos de la sociedad, especialmente cuando, en primer lugar, en este punto concreto, la norma no es imperativa, ya que incorpora la salvedad de pacto en contrario, y, en segundo, dicho cambio no responde a una característica tipológica, ya que, como se ha dicho, el tipo social utilizado sigue siendo la Sociedad de Responsabilidad Limitada.

Fuera como fuere, el resultado es, en cualquier caso, la estimación del recurso de casación, pero por vulneración del derecho de información, lo que no es sino una reiteración, por parte del Tribunal Supremo, de la amplitud del alcance de dicho derecho. En particular, indirectamente viene a advertir de que dicha amplitud se encuentra condicionada por la función que la información debe desempeñar, como es la formación de la voluntad de los socios a la hora de decidir su voto sobre determinados acuerdos en la Junta general. Sólo si se advierte de las consecuencias, tanto aparentes, como implícitas de un determinado acuerdo, se estará garantizando completamente el derecho de información de los socios.

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