El 23 de noviembre de 2016 se cumplieron 150 años de la promulgación del Código de Comercio de la República de Chile por parte del Presidente José Joaquín Pérez. Para celebrar este sesquicentenario se organizaron diversas actividades conmemorativas, como la preparación de una reimpresión facsimilar de la edición príncipe del código mandada componer por encargo de la Pontificia Universidad Católica de Chile. De ella y del estudio histórico escrito para acompañarla por el Prof. Javier Barrientos Grandon se dio noticia en un commendario anterior del Prof. José Miguel Embid.
Otra de esas actividades es la que interesa en esta ocasión. Se trata del convenio de cooperación suscrito el 2 de noviembre de 2015 por el Ministerio de Justicia y la Universidad de Chile, de cuya Facultad de Leyes (hoy Facultad de Derecho) fue Decano D. José Gabriel Ocampo (1798-1882), el redactor del Código de Comercio. Dicho convenio tiene por finalidad compilar y sistematizar bajo la forma de un proyecto de nueva codificación mercantil las disposiciones relativas a la materia y que hoy se encuentran dispersas en distintos cuerpos legales. Este importante esfuerzo intenta contestar la fuerte expansión de la legislación mercantil que Chile ha experimentado en las últimas cuatro décadas y sigue el ejemplo de las recientes renovaciones en torno a los códigos de comercio que, aunque con distintos resultados, se observan en el derecho comparado, especialmente en Francia, España y Argentina.
La implementación de este convenio supuso la constitución de una Comisión de Estudios de una Nueva Codificación Comercial, que fue presentada públicamente el pasado 7 de julio. Ella se encuentra integrada por académicos de diversas universidades chilenas y abogados especialistas en derecho mercantil y de otras disciplinas relacionadas, cuya nómina fue ratificada por el Ministerio de Justicia. Son en total 80 miembros que trabajarán en el ambicioso proyecto de revisar los distintos cuerpos legales que abordan materias mercantiles, formular las sugerencias de corrección técnica de esas disposiciones y, finalmente, ofrecer los insumos para redactar una propuesta de nueva codificación comercial que se presentará al Ministerio de Justicia hacia fines de 2017. La coordinación de este trabajo está a cargo de los profesores Arturo Prado Puga (Presidente), Guillermo Caballero Germain (Secretario Académico) y Rodrigo Contreras Cordero (Secretario Ejecutivo), quienes contarán con el apoyo de un comité asesor de cinco miembros elegidos entre los comisionados.
La tarea inmediata de la Comisión será comenzar el estudio y diagnóstico del derecho mercantil vigente en el seno de nueve subcomisiones, integradas cada una de ellas por diez miembros, las que se abocarán al análisis de las diferentes áreas de la disciplina. Las subcomisiones abordarán respectivamente los siguientes temas: (i) la adaptación de la legislación mercantil a la evolución del comercio y de los negocios, centrándose en la revisión, adaptación y definición de los principios generales de la disciplina, así como de los fenómenos de codificación, descodificación y recodificación; (ii) las sociedades mercantiles; (iii) los sujetos del comercio y de los negocios, incluida la empresa y sus elementos, en particular la propiedad industrial; (iv) las obligaciones y contratos mercantiles; (v) los títulos valor y la regulación mercantil del mercado de valores; (vi) el comercio marítimo, los seguros y el transporte terrestre; (vii) el derecho de la competencia y el derecho del consumidor; (viii) el derecho concursal; y (ix) la judicatura especializada para resolver contiendas mercantiles.
El objetivo de cada subcomisión es realizar un diagnóstico, tan preciso y documentado como sea posible, sobre la adecuación de la respectiva legislación sectorial vigente a la actividad económica y al resto del derecho chileno, con mención de los criterios jurídicos que podrían solucionar los inconvenientes detectados en una futura recodificación. El Reglamento de la Comisión propone que éste sea «un pausado trabajo de revisión de la experiencia legislativa, jurisprudencial y contractual, a fin de abrir un debate académico y especializado, que incluya a los órganos judiciales, reguladores y que también convoque a los sectores de la industria y a las organizaciones de consumidores». De ahí que en la conformación de las distintas subcomisiones se haya buscado un equilibrio entre el mundo académico y la práctica forense y comercial, correspondiendo la coordinación de la discusión a una mesa compuesta de un presidente, un vicepresidente y un secretario, todos ellos de reconocida trayectoria en sus ámbitos de quehacer profesional o académico. El período de sesiones es bastante exigente en cuanto a los plazos y está previsto que se desarrolle entre el 8 de julio de 2016 y el 13 de enero de 2017. Para ajustarse a los tiempos y aprovechar las reuniones, la Presidencia de la Comisión de Estudio ha pedido que los miembros de las distintas subcomisiones revisen previamente las reglas existentes en la materia que les corresponde y las contrasten con las necesidades del tráfico, proponiendo las modificaciones o incorporaciones que, a su juicio, sean necesarias para modernizar el derecho mercantil chileno.
Al acabar esta primera etapa, cada una de las subcomisiones deberá elaborar un informe final con las conclusiones de su análisis sectorial y remitirlo a la Presidencia. Ella publicará tales informes en un sitio web especialmente creado para ese fin y podrán hacerse observaciones por parte de cualquier institución o persona interesada durante un término de tres semanas. Vencido este plazo, la Presidencia con el consejo del Comité Asesor armonizará las propuestas y sus eventuales comentarios en un reporte final, cuyos resultados serán entregados a las autoridades de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile para su envío al Ministerio de Justicia. La suerte final del trabajo de la Comisión dependerá de este último, quien habrá de ponderar la conveniencia de presentar el texto al Congreso para su discusión.
La importancia de esta iniciativa radica en que por primera vez se desea emprender una revisión oficial de las distintas normas que el paso del tiempo y la especialización de los mercados han ido agregando al acervo de nuestro derecho mercantil chileno, cuyo volumen es considerable y cada vez de carácter más técnico. Aun cuando el objetivo proyecto no se consiga y no se logre elaborar una propuesta de nuevo Código de Comercio, o incluso si ella no recibe finalmente el impulso ministerial para su discusión parlamentaria, el análisis realizado servirá para mejorar la comprensión de las instituciones mercantiles, contribuyendo así a vigorizar la actividad económica en beneficio de todo el país.